Hoy empiezo la semana preocupada, si, preocupada por lo que pueda pasar con una futura regulación de la Justicia Restaurativa. Tras la reunión que la semana pasada mantuvimos las dos entidades que represento, con la fiscal delegada de atención a las víctimas en Madrid, he descubierto que al menos, no estamos solos en esta preocupación, cosa que al final se agradece puesto que lo importante es que se regule la Justicia Restaurativa y sus herramientas, por el bien de las víctimas, de los infractores y de la sociedad en general. Sin embargo, mucho me temo que la confusión de ideas y conceptos más el interés de determinados colectivos pueda perjudicar su efectiva regulación y su eficaz aplicación.
Está claro y así lo he repetido en este blog y en otros para los que colaboro que la Justicia Restaurativa es mucho más que mediación ( afirmación que ha inspirado mi último libro), y lo que otros lugares como Latinoamérica, es no sólo aceptado sino avalado, tal parece que en nuestro país nos está costando un poquito más. Aparentemente todo el mundo habla de Justicia Reparadora o Restaurativa, sin embargo, al final se quedan en una de sus herramientas la mediación penal, esto limita la eficacia misma de la justicia restaurativa puesto que los delitos, son sufridos por personas reales, de carne y hueso, no son estadísticas ni números de expedientes, y sus circunstancias pueden variar tanto que puede no tener cabida su caso dentro del encuentro restaurativo entre víctima e infractor que por definición es la mediación penal. ¿Qué ocurre si además de la víctima directa sus familiares o amigos también se sienten víctimas, o si los familiares del infractor también se sienten así? ¿Les abandonamos porque no son víctimas directas y no les permitimos participar en un encuentro restaurativo? Por supuesto, que solo solucionaríamos parcialmente el problema , claro para el sistema y a los ojos de muchos el proceso sería perfecto, pero para las partes que son las que importan no sería perfecto y adolecería de grandes carencias. Por eso, ciertos protocolos del gobierno de los jueces, excluyen de la mediación penal los delitos de riesgo, por no existir una víctima concreta y determinada, pero claro qué diferente sería si habláramos de justicia restaurativa así se habrían dado cuenta que la sociedad es potencial víctima de estos delitos y se podría hacer muchas cosas en estos ámbitos. También por regla general excluyen a los reincidentes de poder participar en estos procesos, pero claro no se dan cuenta que excluyendo a estos infractores también privan de esta posibilidad que debería ser un derecho universal para todas ellas, a las víctimas. ¿Qué quieren castigar una vez más a las víctimas? De ahí, que nosotros digamos que todo dependerá de cada caso, cada infractor y cada víctima, y siempre hay varias posibilidades de encuentros restaurativos, no siempre será víctima directa y su infractor.
Pero esta confusión ya no es lo que solo me preocupa, lo que mas me inquieta es que son los propios operadores jurídicos, menos mal que no todos, los que se quieren convertir en garantes y abanderados de esta mediación penal, lo cual no estaría mal, sino fuera porque por si mismo quieren pervertir lo bueno que tiene esta Justicia Restaurativa. En sus protocolos de mediación, primero meten en un mismo saco toda clase de mediaciones, ya es un error garrafal puesto que mediación civil y penal no tienen muchas cosas en común, pero es que además para hacer estos protocolos solo cuentan con un pequeño porcentaje de mediadores en activo, sin tener en cuenta que los que llevamos años haciendo mediación penal y otros encuentros restaurativos, conocemos la realidad del día a día y la práctica nos ha llevado a ver qué rígidos protocolos no son viables por cuanto para las partes se convierten en más de lo mismo. ¿Quién mejor que todos los que actualmente nos dedicamos a ello para saber cómo debe ser un protocolo? Sin embargo, lo más irritante es su necesidad de homogeneizar, según ellos, todas las actuaciones, esto implica llenar de burocracia y rígidos proceso algo como la Justicia Restaurativa, que precisamente surgió para dar más humanidad y hacer más cercana la justicia penal al ciudadano en especial, las víctimas. Una de las características de los procesos restaurativos es la flexibilidad y su capacidad para adaptarse a las partes, son los protocolos los que deben adaptarse a cada una de las partes y no a la inversa. Esta obsesión no se entiende o quizá se entiende si los que lo han hecho no son los que se dedican a ello sino los que son parte del sistema penal que efectivamente deben estar a favor pero no son los más importantes en esta ecuación. Claro, con estas exigencias de protocolos estrictos no me extraña que en algunos lugares de España, la mediación penal haya sido criticada por la Fiscalía y otras instituciones, por supuesto que convertirla en más de lo mismo, no ayudará a nadie y acabará perjudicando a los más necesitados de ella.
Tal y como lo hablamos el otro día con la Fiscal de ayuda a las víctimas, la regulación debería ser cuatro cosas tasadas que establezcan las pautas, pero con la libertad suficiente para que estos procesos se aclimaten a la variedad de circunstancias sociales y personales que puedan surgir.
Una vez más debo decir, que esta obsesión por seguir unos protocolos que no representan a los que nos dedicamos a ello, sino a unos cuantos jueces y otros profesionales de la justicia debe sustituirse por apoyo a esta justicia y a los servicios existentes, promoción de otros nuevos, colaboración y cooperación pero dejando claro que cada uno tiene su espacio, el juez debe juzgar y ejecutar lo juzgado, no mediar o facilitar encuentros restaurativos.
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